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ONU pide a México reconocer problema de desaparecidos
Ginebra, marzo 5, 2012.- México debe reconocer la magnitud del problema de la desaparición forzada, así lo recomendó este lunes el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas.
Al respecto, Jeremy Serkin, presidente relator del Grupo de Trabajo, presentó este lunes el informe de la visita de sus expertos al país en marzo de 2011, donde se sugiere reconocer el problema como primer paso, para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.
Después de que se entregará al organismo un reconocimiento por el informe que presentó sobre sus acciones, Juan José Gómez Camacho, representante permanente de México ante organismos internacionales, dijo que sus observaciones "mantienen un equilibrio entre las acciones positivas, los avances y los desafíos a los que se enfrenta el país".
Asimismo, indicó que el informe pidió "considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública, y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas", informó la agencia Notimex.
En la revisión del informe, Sarkin sugirió que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas, y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
El grupo de expertos también solicitó que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para garantizar que todos los instrumentos internacionales relevantes en materia de desaparición forzada se cumplan y apliquen en forma efectiva en todo el país.
Esto, incluye el retiro de todas las reservas o declaraciones interpretativas que pudieran socavar su efectividad.
Además, solicitó al gobierno establecer un “mecanismo nacional de protección a periodistas” con funcionarios de alto nivel y un comité interinstitucional en el que también participen profesionales del sector.
Propuso que éste sea "dirigido por una autoridad federal, con capacidad de coordinar a diferentes autoridades e instancias gubernamentales, con recursos propios y suficientes, y que garantice la participación de los periodistas así como de la sociedad civil en su diseño, operación y evaluación".
De acuerdo con el reporte, un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado.
"Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país", sostuvo.
En la respuesta de México, Gómez Camacho se refirió a la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio de 2011 relativa al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, caso emblemático de desaparición forzada ocurrido en los años 70.
Al respecto, Jeremy Serkin, presidente relator del Grupo de Trabajo, presentó este lunes el informe de la visita de sus expertos al país en marzo de 2011, donde se sugiere reconocer el problema como primer paso, para desarrollar medidas integrales y efectivas para su erradicación.
Después de que se entregará al organismo un reconocimiento por el informe que presentó sobre sus acciones, Juan José Gómez Camacho, representante permanente de México ante organismos internacionales, dijo que sus observaciones "mantienen un equilibrio entre las acciones positivas, los avances y los desafíos a los que se enfrenta el país".
Asimismo, indicó que el informe pidió "considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública, y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas", informó la agencia Notimex.
En la revisión del informe, Sarkin sugirió que se garantice que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas, y que a la brevedad se apruebe una ley general sobre las desapariciones forzadas o involuntarias.
El grupo de expertos también solicitó que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para garantizar que todos los instrumentos internacionales relevantes en materia de desaparición forzada se cumplan y apliquen en forma efectiva en todo el país.
Esto, incluye el retiro de todas las reservas o declaraciones interpretativas que pudieran socavar su efectividad.
Además, solicitó al gobierno establecer un “mecanismo nacional de protección a periodistas” con funcionarios de alto nivel y un comité interinstitucional en el que también participen profesionales del sector.
Propuso que éste sea "dirigido por una autoridad federal, con capacidad de coordinar a diferentes autoridades e instancias gubernamentales, con recursos propios y suficientes, y que garantice la participación de los periodistas así como de la sociedad civil en su diseño, operación y evaluación".
De acuerdo con el reporte, un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado.
"Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país", sostuvo.
En la respuesta de México, Gómez Camacho se refirió a la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio de 2011 relativa al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, caso emblemático de desaparición forzada ocurrido en los años 70.
Por: Redacción
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